lunes, 21 de julio de 2014

¿QUIENES SON LOS TERRORISTAS EN EL PERÚ?


herida. Estaba en su dormitorio con sus tres niños cuando Yensi Huamantuco recibió un balazo en la clavícula.


 VÍCTIMAS Y TESTIGOS: “ME ROCIARON CON ACEITE Y TENÍAN UNA VELA ENCENDIDA; QUERÍAN QUE DIJÉRAMOS QUE ÉRAMOS TERRORISTAS”

Jueves, 17 de julio de 2014 | 6:43 am

La fiscalía provincial de Huancayo investiga a 26 militares por una incursión en Uchuy Sihuis en la madrugada del 23 de mayo, en la que resultó muerta una embarazada y se registraron detenciones arbitrarias. La República recogió testimonios en el lugar de los hechos.

Doris Aguirre

Enviada especial a Tintay Puncu.
"'Habla, terruco... ¡Dónde está la laptop!', me gritaba el militar mientras presionaba su bota sobre mi cara en el suelo", recuerda Abelardo Chávez Hinostroza lo ocurrido la madrugada del viernes 23 de mayo. Chávez es poblador de la comunidad de Uchuy Sihuis, en el distrito de Tintay Puncu (Tayacaja, Huancavelica).

"'Yo qué sé, señor. Ni siquiera sé encender ese aparato. Nunca he tenido laptop', le contesté. Pero se puso más furioso el militar", relata Abelardo Chávez.
"Yo estaba durmiendo  tranquilamente con mi esposa Jessy Huamantuco Meza y mis dos hijos, de diez y de dos años. Cuando de pronto se escucharon varias detonaciones. En un inicio creíamos que eran los relámpagos porque esa noche llovió como nunca. Pero no fue así. Un grupo de militares violentaron la puerta de mi casa y como salvajes nos obligaron a tirarnos al suelo ante los gritos de mi esposa y mis hijos que no comprendían lo que pasaba.'¡Dónde está la laptop, carajo! Ahorita nos dicen dónde está la laptop o les volamos los sesos', nos dijo otro militar que, como todos sus compañeros, usaban pasamontañas.
"'Jefe, ¿de qué laptop habla'? Yo no sé para qué sirve esa cosa', le pregunta. No me hizo caso. '¡Habla, terruco de mierda!', me gritó mientras me rociaba el cuerpo con aceite con una mano y con la otra encendía una vela. "Si no colaboran, ¡van a morir quemados!', nos amenazó. No les importaba el llanto, el miedo, la desesperación de mi esposa y mis pequeños. '¡Los vamos a quemar!', seguía gritando, en tanto aplastaba mi cabeza con su bota", cuenta el agricultor Abelardo Chávez, de 38 años. Su esposa Jessy cuenta con 36 años.
QUIÉN LO ORDENÓ

Chávez es uno de los siete pobladores de Tintay Puncu que han denunciado a los militares de la Base Contrasubversiva de Huachocolpa, que depende de la 31a Brigada de Infantería del Ejército, cuya sede es el cuartel general en Huancayo, Junín. Para acreditar su testimonio ante el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Carlos Carhuancho Mucha, Abelardo Chávez expuso varias lesiones en la espalda, tórax y cabeza. El fiscal Carhuancho ha denunciado al comandante general de la 31ª Brigada de Infantería, general EP Mario Ambía Vivanco, y a otros 25 efectivos militares, entre ellos quienes incursionaron en Uchuy Sihuis. Parece un caso de la época de la guerra interna (1989-2000), pero el hecho ocurrió solo hace unos días.

"Las balas pasaban por las ventanas y techos de  nuestras casas, mientras los niños gritaban. Yo me encontraba descansando con mi niño Renzo, de cuatro años, cuando empezó la balacera. No sabía si salir a la calle o esconderme. Solo pude esconderme debajo de mi cama. '¡Mamá, mamá, no salgas, te van a matar!, me decía mi hijo, desesperado", cuenta Eusebia Paredes, de 32 años, otra de los pobladores afectados por la incursión militar.
HERIDAS DE BALA

En la fachada de la vivienda de madera de Eusebia Paredes, que se dedica al cultivo de la papa, son evidentes los impactos de los proyectiles. Contamos 23 orificios. La casa de Paredes está ubicada a dos calles del domicilio de Olinda García Huarocc. Ella vivía con su esposo, Juan Prado, y sus hijos Isaías, de 26 años, y de Jesús, de 22. Pero en esa madrugada  del 23 de mayo, Olinda García estaba solo acompañada de Isaías en el dormitorio. Isaías relató cómo fue que su madre recibió un impacto de bala en el cráneo que la mató al instante. Había cumplido siete meses de embarazo.
"Yo estaba durmiendo a pocos metros de la cama de mi madre cuando de pronto escuché varios disparos. En ese momento mi madre se levantó, y ni bien se irguió, cayó al suelo. He escuchado decir que ella sacó la cabeza por la ventana. Mentira. Me acerqué para auxiliarla, pero su cabeza estaba destrozada. Tenía los sesos desparramados. No pude hacer nada. Además, los militares seguían disparando  por todas partes. Solo traté de esconderme, porque temía por mi vida",  narra con consternación Isaías Prado García, hijo de Olinda García Huarocc.
En el comunicado oficial de la 31ª Brigada de Infantería, el alto mando señala que los militares no fueron autores del disparo que acabó con la vida de la pobladora. Y afirman que lo que se produjo en el pueblo Uchuy Sihuis fue un enfrentamiento con una columna senderista. Para probar la versión, el Ejército presentó a cinco jóvenes del pueblo a quienes acusó de senderistas. 
No era cierto.
No hubo choque armado.
Algo falló.
A Yensi Huamantuco Meza, de 37 años, y madre de tres niños, un balazo le destrozó la clavícula derecha y las costillas.
"Los militares disparaban  a matar. Escuchaba que la gente gritaba y pedía auxilio, pero al tratar de acercarme a la ventana recibí un balazo en el pecho, que me dejó moribunda. Me llevaron al hospital y luego me abandonaron. Ahora no puedo hacer nada debido a los intensos dolores", cuenta Yensy Huamantuco Meza.
Esa madrugada los militares detuvieron a Franco Aroné Aliaga, Rigoberto Aroné Reginaldo, José Chávez Hinostroza, Constantino Ureta Rojas, Michael Mendoza Méndez y Roberto Cárdenas. Los cinco han denunciado haber sido víctimas de torturas, una práctica que se creía erradicada de los institutos castrenses.
"Después de trabajar en la chacra todo el día, me dirigía a mi casa cuando unos amigos que bebían cerveza en una tienda me llamaron. Pasaron varias horas de la noche y seguíamos conversando y tomando hasta que estalló la balacera. Buscamos protección. No sabíamos lo que pasaba.  De pronto unos encapuchados con fusiles en mano ingresaron   como locos al local. '¡Tucos hijos de puta, dónde están los armamentos! ¡Todos al suelo, conchadesusmadres! ¡Al suelo, granputas!'. Yo traté de enfrentarlos por lo que hacían, pero en respuesta me cayó un culatazo en la cabeza y a punto de patadas me redujeron", relata Franco Aroné Aliaga, uno de los detenidos presentados como senderistas de la organización de los hermanos Quispe Palomino.
"Todos fuimos sacados a la carretera y nos ataron con un alambre los pies y las manos, como animales. En el suelo y en plena lluvia nos golpeaban en la espalda y cabeza. Hasta barro nos hicieron comer los militares", dice Rigoberto Aroné Reginaldo, otro de los arrestados.
El presidente del poblado de Uchuy Sihuis, Pedro Méndez Aliaga, espera que se investigue y sancione los excesos. "Todos fuimos brutalmente golpeados como animales y acusados injustamente de terroristas. ¡Señores, escuchen, nosotros no somos terroristas!, Uchuy Sihuis es una población tranquila que se dedica al cultivo de la papa, frutales y al ganado", afirma Méndez. Esa noche de los hechos llovió como nunca. Pero no fue suficiente para borrar las huellas del abuso.
CATERIANO: “JUECES Y FISCALES TIENEN TODAS LAS FACILIDADES PARA INVESTIGAR”

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, confirmó la información de La República sobre el relevo del jefe del Comando Especial del Vraem, general EP Leonardo Longa, por su presunta responsabilidad por el operativo en Uchuy Sihuis. Dijo que la decisión se basó en un informe preliminar sobre los hechos.

Cateriano también indicó que ha solicitado al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Leonel Cabrera Pino, una investigación sobre el mismo caso para determinar responsabilidades.
El ministro dijo que lo que sucedió en Uchuy Sihuis no es comparable con casos similares durante el gobierno de Alberto Fujimori.
"En todos los operativos el ministerio ofrece facilidades a jueces y fiscales para que cumplan su misión, precisamente para que no se repitan errores del pasado. Las investigaciones en democracia se efectúan con absoluta independencia. Serán los jueces y fiscales los que establecerán las responsabilidades", dijo. 

De La Cantuta a Uchuy Sihuis

21-07-2014

Se cumplieron 22 años del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta. En ese marco, se conoció la denuncia de una intervención armada en Uchuy Sihuis, consumada recientemente por efectivos de la Base Militar de Huachocolpa. Los mismos métodos fascistas y similares engaños, como si no hubiese pasado el tiempo; y como si las hordas asesinas de ayer, siguieran en su salsa. Recordemos:

En la madrugada del sábado 18 de julio de 1992, treinta soldados, acompañados de varias personas premunidas de capuchas que les cubrían el rostro, ingresaron sorpresivamente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta. Divididos en varios grupos, los uniformados actuaron en simultáneo para lograr su objetivo.

Uno de los grupos armados se dirigió a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez. El, fue extraído violentamente de su domicilio, pese a la dura resistencia de su esposa y otros familiares.
Otros dos, enrumbaron hacia los pabellones en los que dormían alumnos a los que obligaron a salir de sus habitaciones y tenderse en el piso. Era la 1.30 de la madrugada y el frío acechaba duramente el tenso ambiente creado.

Del internado de varones fueron retirados siete jóvenes: Armando Amaro Condor, Felipe Flores Chipana, Juan Mariños Figueroa, Luis Enrique Ortiz Perea, Heráclides Pablo Meza, Roberto Teodoro Espinoza y Marcelino Rosales Cárdenas; estudiantes de distintos programas de la UNE.

En el internado de mujeres fueron intervenidas Bertila Lozano Torres y Dora Oyague Fierro, esta última alumna del Programa de Educación Inicial de la institución formadora de Maestros.

Pocas horas más tarde tanto el profesor como los alumnos fueron brutalmente torturados y asesinados por sus secuestradores, identificados después como los integrantes del siniestro Grupo Colina. Aunque la noticia de la detención del profesor y los jóvenes, trascendió pronto, las autoridades negaron el hecho.

El 19 de julio el diario “La República”, dio cuenta de la detención del catedrático y de nueve estudiantes de la UNE señalando que el suceso había ocurrido en el interior del campus universitario con el apoyo del destacamento del ejercito acantonado allí. No obstante, el gobierno guardó silencio. Negó en un inicio cualquier intervención militar en la institución, y sugirió “una probable incursión senderista” esa noche en los pabellones de la UNE.

Solo después, el 25 de agosto, el general Nicolas Hermoza Rios, Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General del Ejército proporcionó una versión fragmentada de los hechos. Aceptó algo que antes había negado: la intervención militar en la Universidad, alegando que ella se había producido “para dar protección a la comunidad docente y estudiantil”. Aseguró, al mismo tiempo, que El Comando Conjunto de la Fuerza Armada no había dispuesto ninguna detención “ni tenía conocimiento que esta se haya efectuado por parte de efectivos de la Fuerza Armada”.

Esta misma línea de declaración fue ratificada cuatro meses más tarde, el 4 de noviembre de 1992 por el mismo general, quien admitió que la incursión se había producido pero que en el operativo “no hubo detenidos”. Aun así, esta versión fue contradicha en el mismo momento por el general Pablo Carmona Acha. Entonces Jefe de la II Región militar, quien aseguró a las autoridades judiciales que requirieron su declaración que “el 18 de julio no se realizó ningún operativo en la Universidad Nacional de Educación”.

De este modo, los estudiantes y el profesor secuestrado pasaron a la calidad de “desaparecidos”, situación que se mantuvo varios años bajo el régimen fujimorista con dos modificaciones sustantivas. La primera ocurrió en abril de 1993 cuando una estructura militar clandestina denominada COMACA hizo llegar al seno del Congreso Constituyente que funcionaba en ese entonces, un documento dando cuenta de lo que realmente había ocurrido.

En él se detallaba la forma en que miembros del ejército habían detenido el profesor y a los estudiantes acusándolos de haber sido los autores del atentado ocurrido 48 horas antes de los sucesos de La Cantuta, en la calle Tarata en Miraflores.

Henry Pease, el parlamentario que recibió el documento, lo puso en conocimiento de la Mesa Directiva del Congreso solicitando una investigación de los hechos. Ella se refería al asesor presidencial en materia de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, al general Juan Rivero Lazo, Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejercito, la DINTE, y al general Luis Pérez Documet, entonces Jefe de la Dirección General de las Fuerzas Especiales, la DIFE.

Pese a la resistencia del oficialismo, fue posible integrar una Comisión Investigadora de los hechos, la misma que fue presidida por el congresista Roger Cáceres.

La lucha por esclarecer el horrendo crimen, fue extremadamente difícil. El oficialismo negó tercamente los hechos. Arguyó incluso que se había tratado de una “operación fraguada” por elementos terroristas interesados en desprestigiar al gobierno. Y la congresista Martha Chávez se atrevió a sostener que los afectados habían desaparecido por su propia voluntad para incorporarse activamente a la acción terrorista.

Ante el Congreso de la República, y en las escalinatas del Palacio Legislativo, el general Hermoza Rios, respaldado por una sorpresiva movilización de tanques se atrevió a asegurar que “un pequeño grupo de congresistas opuestos al gobierno han montado una campaña de desprestigio y agravio al ejército peruano socavando la confianza que la nación y el pueblo han depositado en élSe ha llegado - dijo también- al despropósito de dar nombres de oficiales a sabiendas que los colocan como blancos de las balas asesinas...”.

Así, con los tanques, la fuerza y el cinismo, el máximo jerarca de la institución castrense hizo gala de su decisión de proteger a cualquier precio a los autores de ese alevoso crimen.

Como la impunidad no puede ser eterna, finalmente fue posible deslindar los hechos. Incluso, con la ayuda de valerosos periodistas como Edmundo Cruz, y José Arrieta, fue posible ubicar los cuerpos enterrados de las víctimas, exhumarlas y comprobar su identidad. Fue esa la segunda modificación sustantiva en la línea del proceso. También fue posible descubrir el nombre de los asesinos liderados por el entonces capitán Santiago Martin Rivas.

El gobierno no pudo seguir negando los hechos y debió rendirse ante la evidencia. Optó, sin embargo, por fraguar un juicio en el fuero castrense. En él dictó una sentencia que luego burló abiertamente otorgando a los condenados una amnistía que borró sus responsabilidades penales.. La valentía de congresistas como Gloria Helfer, y Roger Cáceres; y también la infatigable lucha de los familiares de las víctimas así como la campaña del diario “La República”; hicieron luz en el tema.

Hoy, los autores del crimen están privados de su libertad aunque sus condiciones de reclusión son materia de sospecha. Valdría la pena que se inquiera en torno al tema.

Más allá de eso, sin embargo, está el penoso caso ocurrido el pasado 23 de mayo en el distrito de Tintay Punco, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Allí, como en La Cantuta, incursionó un destacamento armado “a la caza de subversivos”. La brutalidad y la tortura se enseñorearon otra vez en los andes, como en los viejos tiempos Y como en ellos, la jerarquía militar dio cuenta de los hechos hablando de un “enfrentamiento armado con huestes senderistas” y ocultando lo que fue: un alevoso crimen contra una población indefensa. Aunque ha sido relevado el Jefe del Comando Especial del VRAE, general Leonardo Longa, la indagación tan sólo ha comenzado. Veremos cómo acaba.

Gustavo Espinoza M. Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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