sábado, 24 de septiembre de 2016

PRONUNCIAMIENTOS EN EL SUR #NiUnSolMenos





 

Los poderes empresariales usan al Estado para lograr que sus intereses se conviertan en Ley. Saben que en ese escenario la defensa de los derechos convoca miles de personas, que se oponen a que los derechos de los trabajadores sean vulnerados. La lucha contra la denominada “Ley Pulpin demuestra que estamos vigilantes para impedir cualquier fechoría desde el Parlamento.

Ahora han cambiado de táctica. Han descubierto que una sentencia judicial es mejor que la ley. Saben por experiencia que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial son más asequibles a sus “contantes” requerimientos. Esta es una estrategia global, por esta vía se legaliza la eliminación de los derechos de los trabajadores.

Se aferran a la supuesta separación de poderes. Mecanismo que obligaría al ejecutivo y al Parlamento a cumplir y hacer cumplir de forma obligatoria la sentencia.

La sentencia de la Corte Suprema es el inicio de la ofensiva en contra de los trabajadores. El siguiente paso es eliminar el derecho a tener un contrato a plazo indeterminado, derecho a la reposición y contar con la protección del Estado, por ser la parte débil de la relación laboral.

Lo que quieren los empresarios –para lo cual cuentan con el respaldo de Kuczynski, los fujimontesinistas y la derecha en su conjunto- es una sentencia del Tribunal Constitucional que elimine estos derechos y se pueda despedir sin expresión de causa y con una miserable compensación.

Hay que parar esta ofensiva. Convocamos a los trabajadores, a los jóvenes y pueblo en general a movilizarse.

TODOS A CONCENTRARNOS EN LA PLAZA ESPAÑA EL DIA VIERNES 23 A LAS 5.00 DE LA TARDE.

SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS

Fuente: Jornal de Arequipa



¡¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS EMPRESARIOS Y NO LOS TRABAJADORES!! ¡¡NI UN SOL MENOS EN LOS SALARIOS!!


Rechazamos categóricamente la resolución de la Corte Suprema que crea la jurisprudencia necesaria para que tanto las empresas privadas como el estado puedan recortar los salarios a sus trabajadores de manera arbitraria e inconsulta.
El soporte jurídico en el que se sostiene la Corte Suprema para emitir este vergonzoso fallo, es nada menos que una ley que data de 1,941 (ley 9463), además de las interpretaciones anti laborales hechas durante el régimen dictatorial y neoliberal de Alberto Fujimori. 

Lo que está detrás de todo esto no es más que la necesidad que tienen los empresarios y el estado de blindarse ante el inminente impacto de la crisis económica mundial, la cual no es solamente una crisis financiera, sino más bien es una crisis estructural del sistema capitalista en su conjunto. 

Queda por tanto demostrado, una vez más, que nuestro estado y sus poderes no representan por igual a todos los peruanos, sino todo lo contrario, están al servicio de una minoría de empresarios transnacionales que al usufructuar la propiedad sobre los medios de producción sobre explotan a los trabajadores y saquean nuestros recursos naturales sin siquiera pagar los impuestos que corresponden ni las compensaciones por el daño ambiental que generan (como lo demuestra palmariamente el caso southern) 

Estos empresarios que hoy pretenden cobijarse detrás del fallo de la corte suprema, son los mismos que durante los años del boom minero exportador acumularon capital a sus anchas a partir de la precarización laboral que afecto a millones de peruanos, quienes no solo se quedaron sin empleo seguro sino que también se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo a sumas irrisorias y vergonzosas, por esa razón hoy en el Perú tenemos uno de los sueldos básicos más bajos del continente (S/. 850.00 nuevos soles mensuales que equivalen aproximadamente a $ 250 dólares). Esos aterrados empresarios, son los mismos que se beneficiaron también de los contratos de estabilidad tributaria promovidos por el gobierno de Alberto Fujimori, los cuales les permitieron no pagar impuestos al estado. Por eso durante el periodo de crecimiento económico tuvimos la tasa impositiva más baja del continente. 

El gobierno neoliberal y pro imperialista de PPK también saldrá ganando con este fallo ya que tendrá la puerta abierta para bajar los salarios a los trabajadores del sector público y de esa manera podrá incrementar el fondo necesario para oxigenar financieramente a los empresarios que se vean afectados por la recesión mundial. Esta medida entonces serviría para allanar jurídicamente el camino del ajuste que prepara el gobierno y que buscara implementar a través de las facultades legislativas en materia económica. 

La crisis internacional no la generamos los trabajadores ni el pueblo empobrecido, sino más bien fueron los empresarios y los banqueros internacionales los que nos llevaron a la situación en la cual hoy nos encontramos. Deberán ser ellos entonces quienes paguen la crisis en curso. Como va quedando claro ya; el gobierno PPK tampoco es garantía para que se respete el derecho fundamental al salario digno, por tanto, carece de las credenciales democráticas que la gran prensa, un sector de la derecha y Veronika Mendoza del Frente Amplio le atribuyeron en la segunda vuelta. 

Esta es una gran oportunidad para que la clase obrera vuelva a la escena política y levante cabeza. Así como los jóvenes se pusieron de pie e hicieron retroceder a Ollanta Humala cuando este pretendió aprobar la ley pulpin, hoy le toca a los trabajadores y al pueblo movilizarse para que el fallo en cuestión sea anulado. Para alcanzar ese objetivo es necesario crear espacios de organización y centralización de la lucha a escala local, regional y nacional que nos permitan discutir democráticamente un plan de acción y una propuesta alternativa a la política de saqueo y explotación implementada por el capital a través de las instituciones del estado y el gobierno de turno.

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