martes, 2 de mayo de 2017

LA PLUTOCRACIA COLOMBIANA Y LA FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA




Fuente de la imagen: http://www.euribor.com.es/

Domingo, 30 Abril 2017.
Alberto Maldonado Copello

Rodrigo Uprimny y William Ospina coinciden en que el sistema de gobierno en Colombia es una plutocracia y sueñan con que sea distinto.


En su columna del domingo 19 de marzo en El Espectador, titulada “Dinero y Democracia”, Rodrigo Uprimny, después de mencionar las noticias sobre financiaciones de Odebrecht a las campañas de Santos 2010 y Zuluaga 2014 (que permitieron violar los topes electorales) dice que estas “ilegalidades son graves pues distorsionan profundamente la democracia” (p. 30). Señala que el establecimiento de límites a los gastos electorales y a los montos de las contribuciones privadas tienen como finalidad evitar que quienes consigan más aportes financieros tengan ventajas indebidas, y lograr que el acceso al poder político dependa de la voluntad ciudadana genuina y no del apoyo del poder económico. Si no se controlan estos aportes, continúa diciendo, la democracia deja de ser una democracia (gobierno del pueblo) para convertirse en una plutocracia (el gobierno de los ricos), tal como está ocurriendo en su opinión en Estados Unidos, donde ya no rige el principio democrático, una persona un voto, sino el principio plutocrático, un dólar un voto. El asunto es que en Colombia las normas que establecen los límites no se cumplen y además rara vez se sanciona el incumplimiento porque el Consejo Nacional Electoral no tiene la independencia requerida, pues sus miembros los eligen los mismos partidos que incumplen las normas y a quienes debería controlar. Y termina planteando que se requiere una reforma profunda de la organización electoral para que realmente cumpla con sus funciones.

Según los argumentos y la información presentados en el artículo, en Colombia no existe una democracia sino una plutocracia. En la primera parte del artículo parecería entenderse que se trata de una democracia distorsionada por algunas ilegalidades, pero democracia al fin y al cabo, pero luego claramente señala que realmente no es tal la situación.

Pero el asunto no es tan simple como decir que se trata del “poderoso caballero don dinero”, como dice Uprimny y que el problema se reduce a la financiación de las campañas; esto parece una ingenuidad extrema. El poder económico en una sociedad capitalista está en manos de los capitalistas (legales e ilegales) y no de unos ricos en general: son ricos capitalistas. También la clase capitalista que domina los recursos materiales, incluyendo los medios de comunicación, que están en manos de los grandes propietarios, y el capital financiero, tiene la capacidad para controlar y dominar el aparato del Estado con mayor o menor libertad. El Estado actúa principalmente en función de mantener el sistema capitalista y por tanto su interés fundamental es garantizar la propiedad privada capitalista y promover su desarrollo mediante diversas acciones; adicionalmente, los distintos sectores capitalistas (financiero, industrial, comercial, agrícola, etc.) buscan la manera de tener representantes directos e indirectos. Basta ver simplemente la gran cantidad de funcionarios del Estado que pasan del sector privado a los cargos públicos permanentemente; salen del Ministerio de Minas a dirigir la asociación de mineros, o del ministerio de comunicaciones a trabajar con RCN y así hasta el infinito. Pero, aunque no hubiera tantos casos de puerta giratoria es un hecho evidente que la gran mayoría de funcionarios en cargos altos tiene un origen, una actitud y predisposición favorable hacia los señores capitalistas y lo mismo ocurre en el Congreso y en la rama judicial.

Lo anterior no significa que el Estado no realice algunas actividades a favor de la clase trabajadora y de los sectores más pobres; el desarrollo del capitalismo con sus efectos devastadores sobre las condiciones de vida de amplias masas de la población hace necesario la intervención del Estado para generar unas condiciones mínimas en materia de educación, salud, atención a los niños y a la vejez, etc.; incluso el Estado debe intervenir para intentar hacer cumplir las normas laborales. Esto es algo viejo y consolidado dentro del Estado capitalista, que responde en buena medida a las presiones de la clase trabajadora y a la necesidad de evitar que se estallen o se agudicen conflictos que puedan afectar negativamente la estabilidad política y económica. Por esto, aún los gobiernos con mayor énfasis neoliberal mantienen un conjunto de servicios de apoyo a la población trabajadora en condiciones más precarias. Pero en lo fundamental se trata de un Estado cuya misión principal es sostener el sistema capitalista y garantizar que se generen y obtengan las ganancias más altas para los dueños del país: el lema de moda es promover la confianza inversionista. Desde esta perspectiva, el Estado colombiano, si asumimos que los ricos son los capitalistas es claramente, como lo plantea Uprimny, un Estado plutocrático y por tanto no existe una forma de gobierno democrática sino plutocrática.

Parecería que Uprimny piensa que hubo en algún momento una democracia (gobierno del pueblo) que dio paso a una plutocracia (gobierno de los ricos) cuando afirma que “si no se controla la influencia en las elecciones de ese ‘poderoso caballero” que es ‘don dinero’, la democracia deja de ser democracia. ¿Es que en algún momento de la historia del país ha existido esa democracia? Esto es algo que habría que probarlo. Se trata de una idea frecuente entre columnistas en el país. En la misma edición de El Espectador, escribe William Ospina una columna que se titula “Este mundo nuestro”; Ospina afirma que “la política dejó de ser una vocación de servicio a la comunidad y de altos sueños colectivos para convertirse en un negocio vulgar de calumnias, zancadillas y robos” (p. 40). ¿Se refiere Ospina a Colombia? ¿Cuándo fue la política en Colombia una vocación de servicio a la comunidad? Igual que Uprimny se refleja aquí la añoranza de un pasado que nunca existió, pero quizá es más una expresión transfigurada de un deseo. Ospina coincide con Uprimny en que lo que existe actualmente es una clase política que trabaja para las corporaciones y que solo escucha los cantos de sirena del lobby empresarial; no se atreve a decir que la forma de gobierno de Colombia es una plutocracia, pero se aproxima dando un rodeo: “la actual deformación plutocrática de la democracia.” Es decir, hay democracia, pero está deformada por la plutocracia.

No hace falta ser marxista para considerar que en la sociedad capitalista no hay realmente democracia (ni económica, ni social, ni política) así existan ciertos márgenes de libertad de organización y de expresión; reconocidos autores de la ciencia política norteamericana y europea señalan cómo las diferencias en las condiciones de acceso al poder son tan grandes entre las clases sociales que resulta iluso considerar a la forma de gobierno, incluso en los países más desarrollados, como una democracia1. Por esta razón Dahl prefiere hablar de poliarquía debido a la imposibilidad de una verdadera democracia: “me gustaría reservar en este libro el término democracia para designar el sistema político entre cuyas características se cuenta su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, sin importarme, por el momento, si ese sistema existe hoy día, o ha existido alguna vez, o puede darse en el futuro. Hipotéticamente es posible concebirlo, y como tal ha llenado plena o parcialmente el ideal de muchos. Como sistema hipotético, en el extremo de la escala, o en el límite de un estado de cosas puede servir –como el vacío absoluto- a modo de fiel de contraste para valorar el grado de aproximación de los distintos sistemas al ideal político.” (Dahl, 1989:13). Los arreglos institucionales reales pueden aproximarse a este ideal, pero según Dahl no existe ningún régimen totalmente democratizado, razón por la cual prefiere utilizar el término de poliarquías que son “regímenes relativamente (pero no completamente) democráticos”.

Ni Uprimny ni Ospina profundizan en las causas, simplemente señalan que hay plutocracia o por lo menos una aproximación a ella en Colombia y que es necesario enfrentarla; para Ospina se trata de sacar el dinero de la política, algo que solo lo puede hacer “la vigilancia ciudadana y una democracia ecológica local que cambie el poder de los negocios centralizados por el poder de hacer las cosas y de proteger el equilibrio irrigando recursos a la comunidad.” (p. 40). Uprimny, por su parte espera las recomendaciones la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de Paz, pero no menciona las condiciones para llevar a cabo dichas reformas.

La Misión Electoral Especial ha formulado un diagnóstico y planteado un conjunto de propuestas en varios temas, uno de ellos el relativo al financiamiento político y específicamente de las campañas. La Misión comparte la posición de que un problema central se encuentra en la financiación de los partidos y de los procesos electorales, como si la forma de gobierno plutocrática dependiera fundamentalmente de estos procesos. Las propuestas apuntan a la buena voluntad de quienes tienen el poder y al ejercicio eficaz de controles por parte de aquellos que tradicionalmente están vinculados a quienes cometen todas las prácticas irregulares. En consecuencia, con el diagnóstico se proponen medidas como la mayor financiación pública para el acceso a medios de comunicación y a transporte masivo de electores y el establecimiento de topes a los recursos de origen privado, medidas que pueden atenuar en algo la excesiva concentración y dar cierto espacio a partidos y movimientos contrarios al sistema, pero que básicamente son paños de agua tibia.

El dominio económico, político e ideológico del capitalismo en Colombia es muy grande. De hecho, en el espectro político actual prácticamente ningún partido o movimiento se opone al capitalismo y propone una alternativa socialista bajo alguna modalidad. En estas circunstancias el sistema no tiene ninguna fuerza económica y política que lo confronte y por tanto las perspectivas de cambio, aún de mejoramientos formales dentro del sistema son muy bajas. Los buenos deseos de Ospina y Uprimny, y de la Misión Electoral, se quedarán en eso, en deseos y aspiraciones. Sin embargo, contagiado de la ilusión de las reformas propuestas por la Misión, me pregunto por qué en vez de controlar las fuentes no se establece un esquema de participación en los medios de comunicación privados y en los canales locales (vallas, volantes, etc.) que sea realmente igualitario: todos los partidos deben tener los mismos tiempos en televisión y radio, e internet en los mismos horarios; la misma ubicación y tamaño en la prensa escrita, y el mismo número y tamaño de vallas, volantes y otras formas de difusión. La única diferencia debería estar en el contenido de los diagnósticos y las propuestas.
 
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1La democracia es un ideal. Bobbio (1984) plantea que hay una diferencia importante entre la democracia ideal y la democracia real y destaca seis puntos básicos que inciden en esta distancia: el desarrollo de una sociedad pluralista caracterizada por la competencia entre grupos de interés; el predominio de los intereses particulares; la persistencia de las oligarquías; el espacio limitado en el cual se aplican los procedimientos democráticos; la persistencia del poder invisible y las razones de Estado; y la falta de educación política y de participación del ciudadano. Con relación a estos seis temas señala Bobbio que se trataba de promesas que no se podían cumplir a causa de obstáculos que no se previeron o que sobrevinieron con la transformación de la sociedad civil. Sartori, por su parte afirma: “Aparentemente estamos ante una paradoja. Para los griegos, la democracia, literalmente entendida, era una forma posible de gobierno. Para nosotros, en cambio, la democracia en sentido literal es una forma imposible de gobierno. He aquí la cuestión: ¿Por qué nos empeñamos en restaurar, después de 2000 años de olvido y descrédito, un término cuyo sentido originario y literal manifiesta su evidente imposibilidad? (Sartori, s.f.:492)


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