sábado, 8 de diciembre de 2012

LAS EMPRESAS-PAÍS Y LA GRAN TRANSFORMACIÓN: EN GUISA DE CONCLUSIÓN




Dr. Hugo SALINAS



De hoy en adelante, la gran Transformación no será más una bella frase. La gran Transformación se resume en la creación de empresas-país. Y podemos comenzar a crearlas desde ahora. No esperemos a tomar el Poder (gobierno central).

Hasta aquí he mostrado la factibilidad de poner en movimiento la gran Transformación con la seguridad de un éxito a cortísimo plazo. La emisión monetaria, como fuente de financiamiento, hace factible el desarrollo de un gran número de proyectos de inversión al mismo tiempo. Todos ellos a ejecutarse por empresas-país que conllevan los mecanismos de la eliminación de las grandes desigualdades socio-económicas al interior del país.

A ello se debe agregar un segundo reto a llevar adelante en paralelo. Se trata de la instalación y desarrollo del proceso de trabajo de concepción. Es el ingreso al mundo inmaterial, y un gran cambio en el cuadro vida de las personas del Tercer y Cuarto Mundo. La eliminación de las grandes desigualdades socio-económicas y el desarrollo del proceso de trabajo de concepción son los dos retos más grandes de los tiempos modernos.

Son retos que, sobre todo en los países del Tercer y Cuarto Mundo, exigen una movilización general y un esfuerzo financiero descomunal. En efecto, se trata de poner en marcha un Proyecto de Sociedad. Por ello es que, ante lo delicado de la misión, se requiere de una total Transparencia en todo el sector a Repartición Igualitaria.

Total transparencia en el sector a Repartición Igualitaria

La noción de Transparencia implica que todo acto debe ser de conocimiento público, o lo actuado debe estar disponible para su verificación en cualquier instante. Sin embargo, la acción de Transparencia no debe, en ningún momento, entrabar la acción en curso.

La exigencia de Transparencia resulta crucial por cuanto se está, por un lado, realizando esfuerzos descomunales para llevar adelante un Proyecto de Sociedad y, por otro lado, se tiene que lidiar con un comportamiento fraudulento e individualista de la mayoría de la población. Un comportamiento adquirido durante diez mil años en el intento de supervivir o de “salir adelante”, cueste lo que cueste.

Quienes en primer lugar deberán mostrar una total Transparencia son las instituciones y personas ligadas al sector económico a Repartición Igualitaria. La Transparencia tendrá que ver no solamente con los actos económicos de todo el sector a Repartición Igualitaria, sino también de las personas encargadas de su gestión, en forma directa o indirecta. Y la Transparencia deberá expandirse hasta la vida privada de los que tienen que ver con los intereses del país. Para las personas trabajando en dicho sector no habrá diferencia entre la vida privada y la vida pública, porque el grado de responsabilidad y de sensibilidad del cargo así lo exige.

Y ante tal responsabilidad, deberá existir una igual sanción ante el incumplimiento de su deber.

Pena de muerte para quienes utilicen los recursos del país con fines personales

No hay delito más grave que aquel que se comete contra todo un pueblo. Y es aún más grave que sea cometido por quienes precisamente juraron defenderlo, por quienes fueron contratados para servirlo. Es hora que la dignidad de un pueblo se respete. El comportamiento de la Repartición Individualista ha trastocado los valores de un pueblo. Es necesario recuperarlos para cultivar una vida armoniosa y de complementariedad.

Es importante que los intereses de un pueblo se pongan por encima de los intereses individuales. El ingreso a una nueva economía orientada al bienestar general debe ir acompañada del máximo respeto de los intereses de toda una población que ha sido postergada por cientos, miles de años. Y quienes incurran en delitos contra el país deben recibir la máxima sanción prevista por la legislación.

Los incursos en la sanción no solamente deberán ser considerados los que directamente cometieron el delito, sino también todos aquellos que facilitaron la comisión del delito. Cientos de años que se viene cometiendo este delito por quienes precisamente tienen que salvaguardar los intereses del pueblo, sin que exista una real sanción contra los responsables. Los políticos, militares, policías, como los civiles de la administración pública y de las empresas-país, deberán ser los primeros incursos en dicha sanción.

La eliminación de la corrupción y el mal uso de los bienes del país exigen la sanción más severa. Deberá inscribirse en la Constitución Política del país que se aplicará la sanción más severa contra quienes hagan un mal uso de los bienes del pueblo. Y esta sanción deberá ser la pena de muerte. Es necesario corregir el comportamiento del ser humano desviado por intereses individualistas, egoístas.

La decisión de adoptar la pena de muerte contra aquellos que lesionen los intereses del país debe tener una vigencia de cincuenta años. Se estima que es un período necesario para cambiar de un comportamiento individualista hacia otro de respeto del bien colectivo, base del bienestar general.

Descentralización del Poder Judicial

Y la sanción más severa contra quienes atenten contra los intereses de un pueblo debe ir acompañada de un Poder Judicial descentralizado, flexible, en armonía con la cautela de los intereses del pueblo. Descentralización no es sinónimo de desconcentración. Descentralización es autonomía irrestricta.

Y no puede existir Descentralización si las decisiones se toman a varios niveles tanto que, en última instancia, en los casos más graves, es el presidente de la República quien lo decide. Este comportamiento debe terminar. El Poder Judicial debe ser autónomo y sus decisiones deben realizarse a un solo nivel. No habrá el recurso de apelación. Esto no impide que existan otros niveles, pero ellos no serán de decisión sino de información, supervisión y coordinación.

De igual modo, la ubicación geográfica de la unidad descentralizada del Poder Judicial, a ventilar el caso, debe ser el más próximo al que se cometió el delito. Esto permitirá que las personas, abogados y jueces que atiendan el caso, sean materia de una vigilancia más cercana de la ciudadanía. Cualquier infracción malintencionada de la parte de cualquiera de ellos, debe ser materia de una investigación sumaria por otro cuerpo colegiado. La sanción en caso de delito es igualmente la pena de muerte.

Los cuerpos jurídicos tanto de acusación como de juzgamiento deben estar exentos de abogados. Ellos deben estar conformados por ciudadanos de a pie y elegidos rotativamente para cada caso. Solamente se exige saber leer, escribir y estar hábil en sus derechos ciudadanos.

El Tribunal de Acusación es un cuerpo investigativo y consultivo a la vez, “con autonomía de ver pruebas, interrogatorios, requerir evidencia, etc.” como lo señala Iván Fernández Paz. “De existir fuertes evidencias sobre los mismos se deriva el caso a un juicio [a efectuarse por el] Jurado de Juzgamiento”, puntualiza Fernández.

El Tribunal de Acusación estará conformado solamente por ciudadanos de a pie.  Y, según los casos de acusación, debe invitarse a los especialistas a dar su opinión ante la plaza pública.

El Tribunal de Juzgamiento debe estar compuesto por doce personas (ciudadanos de a pie y no abogados), renovables para cada juzgamiento. Y sus decisiones deberán ser tomadas por una mayoría de tres cuartos (9 votos).

Estos dos cuerpos jurídicos, en la forma descrita, son la expresión de uno de los pilares de la Democracia Directa. Es la Justicia al servicio del pueblo y dictado por un pueblo debidamente organizado para tal fin.

El comportamiento individualista contra los intereses del pueblo debe cambiar lo más rápidamente posible si queremos que el sector a Repartición Igualitaria tenga éxito al más breve plazo.

Esto nos conduce a proponer que los delitos cometidos contra los bienes del país son imprescriptibles. El abuso de los políticos confundidos con el accionar económico ha comprado y corrompido conciencias y poderes como el judicial. Este comportamiento debe terminar en aras del bienestar general.

Ferreñafe, el pueblo de las dos Fe, diciembre 6 del 2012

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