The Guardian
01-02-2013
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz
de Bustillo
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El proceso para convertir la población
activa norteamericana en mano de obra desechable continúa a buen ritmo, según
el informe publicado esta semana por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS,
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La afiliación sindical se
encuentra en su punto más bajo de casi un siglo, apenas el 11,3 por ciento del
total de trabajadores, el mismo nivel que tenía en 1916. Para situar este dato
en una perspectiva histórica adecuada, los miembros de un sindicato son hoy día
tan escasos como en la época en que serlo podía significar caer muerto a
balazos en un campo minero asesinado por la guardia nacional de Colorado1.
Esto no quiere decir que exista un clamor
popular para que vuelvan los días felices en que ardían las fábricas textiles o
los mataderos eran fuente de tuberculosis, ni que los trabajadores se
manifiesten para que los patrones les retiren sus pensiones y las pausas para
ir al baño. Las encuestas muestran que la gente desearía tener más peso, y no
menos, a la hora de tomar las decisiones sobre sus condiciones laborales, y que
muchos trabajadores no afiliados a ningún sindicato se afiliarían si surgiera
la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, la mayor parte no suele tener esa
oportunidad, bien por intimidación abierta o bien por la evolución actual de
grandes parcelas de la economía hacia empleos temporales, con dedicación
parcial, mal pagados y sin derecho a prestaciones.
La decadencia de la actividad sindical no
es nada nuevo; en Estados Unidos comenzó a mitad de la década de los cincuenta
y se aceleró a partir de los setenta. Lo que resulta novedoso este año son las
causas: mientras que, desde hace tiempo, la pérdida de afiliación sindical se
relaciona con la desindustrialización, ahora se concentra en los trabajadores
de la administración pública, el último bastión del sindicalismo organizado.
Hace décadas, cuando comenzaron los cierres de fábricas, muchos sindicatos se
pasaron al sector público, en torno a lo que se consideraban trabajos estables:
profesores, bomberos, policías, y trabajadores de la sanidad y los cuidados
infantiles.
Luego llegó la recesión y una nueva oleada
de gobernadores republicanos que aprovecharon la situación para castigar a sus
oponentes políticos. Uno de los mayores deterioros sindicales se produjo en
Wisconsin, donde el gobernador Scott Walker despojó a la mayor parte de los
funcionarios de su derecho a la negociación (excluyendo curiosamente a los
sindicatos que le habían apoyado).
Pero si el mercado laboral está
adaptándose a la realidad de un país sin presencia sindical, el activismo
obrero está haciendo lo propio. El último año, dos de las acciones sindicales
más notorias en Estados Unidos (un día de huelgas "relámpago" en los
restaurantes de comida rápida de Nueva York y en los almacenes Walmart de toda
la nación) fueron coordinadas por grupos que no forman parte de los sindicatos
tradicionales, las Comunidades para el Cambio de Nueva York y OUR Walmart,
aunque ambos recibieron apoyo sindical. Y ninguna de las dos huelgas tuvo como
objetivo un reconocimiento formal como sindicatos.
En aquellos sectores donde los sindicatos
no habían conseguido organizarse a causa de su naturaleza contingente o
informal, se han creado redes de nuevos centros de trabajadores (entre las que
se encuentran los Restaurant Opportunities Centers, Retail Action Project,
National Day Laborer Organizing Network y National Domestic Workers Alliance).
Y sus triunfos (al desvelar infracciones contra la salud y la seguridad en el
trabajo, conseguir el pago de aumentos y salarios atrasados y liberarse de
algunas prácticas cercanas a la esclavitud doméstica) se han conseguido
principalmente fuera del ámbito del ente que gobierna los sindicatos, el
National Labor Relations Board (consejo nacional de relaciones laborales).
Una semana antes de que el BLS publicara
su aleccionador informe, Chicago aprobó una nueva ley que impone sanciones muy
estrictas a las empresas que no paguen a los trabajadores sus salarios debidos.
Se trata de una práctica ilegal que suele tomarse a la ligera, y es
tremendamente habitual en muchos sectores; se utiliza para forzar a los
empleados a trabajar fuera de horario, evitando el pago de horas extras o
simplemente para no tener que pagar al personal por el trabajo realizado.
Yo trabajo como voluntario en una asesoría
legal para trabajadores de ingresos reducidos llamada DC Employment Justice
Center. La mayor parte de los casos que he visto en el último decenio estaba
relacionada con alguna forma de sustracción salarial perpetrada contra
trabajadores de la construcción, limpiadores, personal doméstico y de cocina de
restaurantes, la mayoría procedentes de América Central.
En una ocasión, el carpintero con quien me
entrevistaba había sido contratado para instalar paneles de escayola en una
obra, tarea por la cual se le pagaría una cantidad global a término. Pero
cuando finalizó el trabajo, el constructor no se presentó para pagarle.
"Bueno, -me dijo- mis amigos ya me
advirtieron de que no trabajara para ese tipo porque nunca paga".
"¿Quieres decir que se le conoce por
pagar sueldos bajos?" –le pregunté.
"No, -contestó riendo- quiero decir
que no paga a sus empleados en absoluto. Nunca".
La ley de Chicago se aprobó con el apoyo
de los sindicatos, pero a la vanguardia de la lucha estaba otro grupo
no-tradicional de trabajadores llamado Arise Chicago (En pié, Chicago), formado
por una red multiconfesional de líderes religiosos. En los últimos años se han
conseguido otras victorias, la mayor parte de las veces mediante juicios y la
aprobación de legislación de ámbito estatal y municipal: pago de las bajas por
enfermedad, horas extras e indemnizaciones por discapacidad, además de obligar
a las ciudades a presupuestar fondos apropiados para que se cumplan los
convenios salariales y la reglamentación de salud y seguridad en el trabajo.
Estas victorias son importantes y se
traducen en empleos más seguros y más comida en la mesa para los trabajadores.
Pero es importante no perder de vista lo que se ha perdido: una institución de
participación colectiva y una manera de reglamentar que los trabajadores se
sienten con los empresarios en igualdad de condiciones y decidan las bases de
lo que tendrán que hacer durante ocho o más horas al día. La desaparición de
dicha institución y la ruptura del equilibrio de poder entre ambas partes crean
las condiciones apropiadas (desde discriminación y accidentes laborales hasta
robo descarado) contra las que combaten estos nuevos movimientos de
trabajadores.
El abogado laboralista Tom Geoghegan
observó en una ocasión que los muy desacreditados abogados de tribunales
prosperan cuando se quiebra el imperio de la ley y cuando el Estado les
traspasa sus responsabilidades reguladoras en aras de la austeridad. Si
despides a los inspectores de la carne tendrás en su lugar a soplones y
abogados.
Hoy en día, los trabajadores siguen
buscando un trato justo. Pero ahora tienen que reclamarlo en los tribunales y
en los ayuntamientos, cuando antes podían luchar por ello en la mesa de
negociaciones.
(1) En referencia a la masacre de Ludlow,
en la que agentes de la Guardia Nacional de Colorado y de la compañía minera
atacaron un campamento de 1200 mineros que estaban en huelga. Murieron entre
19 y 25 personas, incluyendo a 2 mujeres y 11 niños asfixiados y abrasados en
una sola tienda.
Tomado de: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163164
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