jueves, 15 de septiembre de 2016

¿EN CAMINO A UNA CONTRALORÍA GENERAL RECOMPUESTA?




Estimados amigos:

Después de una no querida enfermedad, restablezco con ustedes el diálogo que mantenemos hace algunos años. Somos testigos de los acontecimientos que el nuevo Contralor General ha venido proclamando las desventuras de los proyectos de inversión del gobierno que ha terminado el 28 de julio del 2016. Sus intervenciones entusiasman y no llaman la atención de los eternos enemigos del Control Público, que recurren a los mismos argumentos que desde 1972 vienen asumiendo a fin de desaparecer la acción contralora, por la acción supervisora de cualquier empresa auditora.

Atentamente,
Fernando Arce Meza

El reciente Contralor General, el CPC Edgar Alarcón Tejada, designando por el Congreso de la República, se convertirá en el afortunado funcionario que al 2021 celebrará, no sólo los noventa y un años de creada la Contraloría General, sino el bicentenario de la Independencia.

Por el azar de la historia un miembro destacado de la administración estatal, como el Contralor General Edgar Alarcón, va tener la gran oportunidad de estar en dos acontecimientos de significativa celebración. Esta presencia se daría en el contexto de los avances de la institucionalidad a nivel nacional, cuya continuidad se espera. Lo mismo habrá de ocurrir con el proceso de desarrollo, en la apuesta por el equilibrio en una economía social de mercado, y que las acciones progresistas lleguen alcanzar el social liberalismo.

Este cargado optimismo aparecería también como la realización de los mitos prehispánicos, del Perú milenario y los que muchas veces estuvieron vinculados  estrechamente a los levantamientos emancipadores, más cercanos de ser conseguidos: la insurrección de Condorcanqui y la revolución de 1814 de los hermanos Angulo, a estos movimientos cabe incluir las montoneras formadas de criollos, mestizos, indios y negros que entre 1821 y 1824, en la lucha final independentista apoyaron a los ejércitos tanto de San Martín, como de Bolivar.

Bien sabemos que los peruanos lograrían tan sólo una independencia incompleta, porque ella no estuvo inscrita en una lucha de liberación caracterizada por haber sido un frente patriótico, constituidos por las diversas etnías mencionadas y que aún pertenecían a la división social por castas coloniales. Al carecer de este frente de liberación étnico/social, el Perú se distinguiría como la república de la exclusión y la discriminación que, alargaría la instauración de la ciudadanía y la democracia. 

Como consecuencia de esto último, la Republica ha pasado por tantas vicisitudes ligadas a su débil institucionalidad, así, llegando a los años de 1930, el centralismo estatal se consolidaría bajo los designios del Ministerio de Hacienda y Comercio, por ejemplo, mantuvo silencio ante los intentos innovadores que portó la Misión Kemmerer, para intentar la institucionalidad del control público, y que, después de 34 años de creada la CG se produjo otro intento que, impediría la independencia del ente contralor, a pesar de la Ley 14816 dictada en el primer gobierno de Fernando Belaunde que hacia a la Contraloría General acreedora a una definitiva vida institucional marcada de autonomía.

En la década del 70, paradójicamente, un selecto grupo de militares del gobierno revolucionario de las FF.AA. asumió la responsabilidad de instrumentar una nueva CG y el SNC, al reformular y descentralizar la acción contralora, dando relevancia a la conformación de grupos multiprofesionales, destinados a intervenir en el cómo se habría de conseguir que las cuentas públicas (financiera y de metas tangibles) estuvieran en condiciones de evaluar los resultados de las organizaciones estatales. 

Correlativamente, también la reorganización de la CG contó con los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades (PDR), destinados a juzgar las faltas e irregularidades, bajo procesos que respetaron las dos instancias, este proceso respondía a que la sanción era para los funcionarios públicos infractores. En 1979 la nueva Constitución Política, constitucionaliza el control público en el contexto de la democracia representativa. La designación corrió a cargo del Pleno del Senado y por votación calificada, se designó al primer Contralor General, el Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich Valderrama, experimentado combatiente en los avatares de la administración pública. La elección de Cussianovich reforzó la autonomía y la institucionalidad constitucional del Órgano Superior de Control, no se cambió el accionar contralor sin recurrir a una nueva ley orgánica marcada por la política de control iniciada por el gobierno militar, la cual se definiría como política de Estado. 

El historiador de la vida financiera estatal peruana Antonio Zapata ha llamado a la administración Cussianovich (1980/87) como la “edad de oro” de la CG; pero, la siguiente administración de la doctora Luz Áurea Sáenz (1987/1994), no le alcanzaría esta denominación, pues el jefe del ejecutivo García Pérez y la mayoría parlamentaria aprista en el Congreso de la República limitaron la acción contralora, con ello la CG se vio afectada no sólo en su autonomía, sino que se rompía la línea virtuosa de la acción contralora. Las consecuencias de las interferencias mencionadas evitaron pronunciamientos e intervenciones contraloras en los asuntos claves de la gestión del primer gobierno de Alan García, que estaban teñidos de graves irregulares, evidenciando muestras de corrupción. 

Sin embargo, el boicot a la actividad contralora, sería, a partir del 05/04/1992, con el golpe civil/militar de Fujimori/Montesinos/Hermosa que, utilizando a la fuerza pública  tomó el local de la CG, declaró en reorganización la institución y antecedido por el arresto domiciliario de la doctora Luz Sáenz designada por el Senado como la primera autoridad de la organización contralora. Este asedio representó la perdida de su autonomía, bajo una gravísima merma en su misión institucional.

Así dejó su carácter supervilante por la “supervisión de la legalidad” que es compatible con el acto administrativo ejecutivo y no con el acto administrativo de control; como consecuencia de tamaño atentado, la CG perdió funciones de sanción directa, eliminándose los Procedimientos de  Determinación de Responsabilidades (PDR). La congelación de la Contraloría se debió a consejos y decisiones tomadas por el Ministro de Economía Carlos Boloña.

Y posteriormente con la nueva Constitución Política de 1993 designaron, a través de la Comisión Permanente del Congreso como Contralor General al CPC Enrique Caso Lay, bajo este nuevo procedimiento, el Contralor General perdió jerarquía que, lo convirtió en funcionario incondicional (al no ser designado por votación calificada), estuvo en disposición de emitir resoluciones que exoneraba a la Contraloría General de la supervisión posterior, ello representaba la renuncia a dicha revisión, como fue el caso de que las Fuerzas Armadas y Policiales, efectuaran las más variadas adquisiciones desde los botones de las chaquetas militares hasta tanques, aviones y barcos de guerra. Esto último fue el ejemplo mayor de cómo operaron los arrebatadores de los caudales públicos desde el poder.

Se convirtieron en mafias organizadas, participando los mandos militares, vocales supremos, fiscales y alto funcionarios que formaban parte de los diversos entes estatales, igualmente, como miembros de estas organizaciones para delinquir estuvieron los proveedores acostumbrados a estas formas irregulares, incluidos los traficantes de armas. Caído el gobierno de la mafia, el gobierno de transición constitucional propuso los anteproyectos de los juzgados anticorrupción, los que fueron aprobados por el Congreso de la República, los que permitirían abrir los juicios correspondientes de cientos de acusados de corrupción, respetando los procesos judiciales, se ordenó el apresamiento de los culpables.

Los Procuradores Públicos no hicieron ninguna excepción para acusar, la misma conducta observarían los fiscales y jueces; sin embargo, esta política de captura de los delincuentes de cuello y corbata fue disminuyendo, en su rol acusador de los tres gobiernos siguientes al 2001: de Toledo, García Pérez y Humala. La discontinuidad en la lucha provocó la  eliminación de las políticas y de los juzgados anticorrupción. 

Asimismo, en relación a las limitaciones funcionales y de su alicaída autonomía de la Contraloría General, siguió, como en el caso de la designación de los Contralores Generales por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Estos  contralores generales no tomaron la iniciativa de cambios una vez derrumbado el gobierno de la perturbación de la institucionalidad, ellos aceptaron el cargo sin tomar en cuenta las graves limitaciones de la CG, ni tomarían decisiones que motivaran reformas claves que le permitiera ser el Órgano Superior de Control. 

Se entiende que los Contralores Generales designados durante los gobiernos democráticos carecieron de capacidad como para comprender que a la caída del gobierno del autoritarismo y la mafia, la CG requería de su institucionalidad perdida, y de lo que significa devolver sus funciones, dirigida a ser tanto evaluador de las rendiciones de cuentas y del control de resultados, como de la recuperación de los juicios de cuentas y las sanciones directas. Dejando de lado la “supervisión de la legalidad”. Guardar silencio es mostrar conformidad con una organización disminuida de autonomía, aceptando el status imperante. No sabemos si el reciente designado Contralor 2006/2023 CCP Edgar Alarcón Tejada seguirá la política del silencio como sus anteriores pares.

Empero, llama la atención que últimamente su presencia sea reiterada en los medios de comunicación, declarando que se está investigando acciones del gobierno que ha terminado su período, encontrándose en la etapa del examen de las irregularidades Encontradas. Con esto pareciera que Edgar Alarcón estaría tomando distancia en relación a la conducta de los contralores generales desde 1992 hasta el 2016. Después de 24 años de Contralorías Generales sin tener autonomías y sin la toma de decisiones de sus primeras autoridades, nunca denunciaron no sólo las corrupciones heredadas del fujimorismo de la década del 90, sino que nunca se ha visto ante la opinión pública que sus observaciones dieran motivo al debate sobre el accionar de las organizaciones estatales reflejadas en las Cuentas Generales anuales de tres gobiernos: el central, los regionales y los municipios.

Las afirmaciones sobre el actuar de los anteriores Contralores Generales con relación del actual mandamás Edgar Alarcón no sólo toma distancias en las políticas de comunicación, sino con todo lo que viene realizando, intenta crear una posición distinta. Ello despierta entusiasmo que la administración del actual Contralor General se dirige a cambios transcendentales en el accionar del control, partiendo de respetar los derechos humanos de contralores, controlados y de los exfuncionarios que en períodos anteriores tuvieron moral de trabajo y mística entre 1972/1987, así como disposición de siempre de colaborar con la resurrección de la CG. 

Sus pronunciamientos han recibido críticas duras, por poner en evidencia irregularidades y por pronunciarse públicamente. En estos días se repiten los mismos argumentos que durante la historia republicana en el siglo XX, los enemigos de la institución contralora, rechazan que los hallazgos no resultan convenientes para los dueños de los proyectos, pues, la relevancia de éstos produce la desdichada paralización de las acciones y obras que se vienen ejecutando, se llega al extremo de decir que, la Contraloría General es un paquidermo que al “poner la pata se va a detener las acciones tanto en los proyectos de inversión, como igualmente” pasaría de existir irregularidades en los programas de ayuda alimentaria y sociales en general. 

Se dice también que los funcionarios públicos e inversores saben normar y realizar los proyectos y que, las intervenciones contraloras y los señalamientos correctores impedirían seguir ejecutando los proyectos. Se preguntan ¿quién o quienes le han concedido licencia de correctores?, tratando de desconocer el trabajo contralor, se pregunta ¿tiene la CG profesionales de nivel, para atreverse a poner en duda a los que norman y realizan proyectos de obras, en especial de Proinversión?.

Es de observar que, en más de un mes el actual  Contralor General Edgar Alarcón ha removido conciencias, se cree que no sólo viene poniendo en aprietos a las cúpulas de quienes formulan y norman (aprobando) proyectos que, siendo los responsables de faltas, errores e irregularidades; sino que todas estas intervenciones correctoras corresponde al período del gobierno que terminó.

Surge la duda que, igualmente, esta CG dirigida por Edgar Alarcón procederá igual con el actual gobierno, el mismo que ha hecho críticas por sus intervenciones.  Asimismo, esta situación polémica lleva a estar atentos sobre si el cargo que desempeña Alarcón Tejada será respetado en su envestidura por los tres poderes públicos, o habrá el retiro que, y estaría sentenciado a hacerlo renunciar. 

El actual Contralor General debe dignificar su cargo en el marco de la autonomía institucional que él cree que existe; teniendo como antecedentes la involución que ha venido sufriendo la CG en estos 24 años. ¿Dejaría el cargo ante las presiones por su renuncia?. De no haber intentos de ese posible alejamiento del Contralor General Edgar Alarcón, guardara silencio como antes lo hicieron sus pares.

Finalmente, este valor de salir a la luz pública de Edgar Alarcón Tejada, actual Contralor General sería, para certificar su permanencia en la institución, sabiendo que sus decisiones corresponden al funcionario que, está dispuesto a propugnar tanto en reestructurar y recomponer, como en restablecer los fueros jurisdiccionales de la Contraloría General, los que fuera perdiendo desde 1987 a la fecha. 

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